23 familias duermen en un coliseo
En el sur de Esmeraldas en el barrio San Jorge Alto 23 familias fueron evacuadas ayer, porque sus casas tienen fisuras.
El sector, que fue declarado zona de desastre por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), es afectado por el asentamiento de tierra ocasionado por vertientes subterráneas, que dañaron las casas y las calles.
Los damnificados fueron trasladados al coliseo del Complejo Deportivo del Valle San Rafael, ubicado en la vía que conecta a Esmeraldas con Atacames.
La permanencia de las familias en ese coliseo será temporal, según el alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán. Él preside el COE. Por ello, busca un terreno para la reubicación definitiva y espera que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) construya las casas.
Quedarse sin un lugar para vivir es la preocupación de Narcisa Andrade. Ella teme que no se cumplan las promesas. “Hay tantos damnificados en la provincia que todavía no reciben ayuda”.
Ayer, antes de trasladarse al albergue, ella lamentaba haber invertido más de USD 14 000 en su vivienda. La construcción culminó en diciembre pasado. Junto con su esposo recogió la ropa, un colchón y unas ollas.
Decretan emergencia en Napo por inundaciones
Poco antes de las 13:00, el Presidente encargado de la República, Lenin Moreno, informó que firmó el decreto de emergencia para la provincia de Napo.
El vicepresidente informó que esto ayudará a canalizar recursos para la reconstrucción de los barrios destruidos por la crecida de los ríos Misahuallí, Tena y Napo.
También, indicó que se entregarán cuatro toneladas de alimentos, vituallas y medicinas en las zonas afectadas.
“Los aviones están saliendo con la ayuda”, señaló, según declaraciones reproducidas por el diario electrónico El Ciudadano.
Hasta el momento, en esta provincia, las lluvias dejaron dos muertos, 1 021 familias afectadas y 143 viviendas destruidas, informaron las autoridades.
Mientras tanto, el drama en la ciudad de Tena, continúa.
En la parroquia Ahuano, donde hay 3 000 personas afectadas, el río Napo destruyó aproximadamente 2 500 hectáreas de cultivos de plátano, yuca y cacao.
Sin embargo, la ayuda llega todavía de forma lenta a Tena.
En el sur de Esmeraldas en el barrio San Jorge Alto 23 familias fueron evacuadas ayer, porque sus casas tienen fisuras.
El sector, que fue declarado zona de desastre por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), es afectado por el asentamiento de tierra ocasionado por vertientes subterráneas, que dañaron las casas y las calles.
Los damnificados fueron trasladados al coliseo del Complejo Deportivo del Valle San Rafael, ubicado en la vía que conecta a Esmeraldas con Atacames.
La permanencia de las familias en ese coliseo será temporal, según el alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán. Él preside el COE. Por ello, busca un terreno para la reubicación definitiva y espera que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) construya las casas.
Quedarse sin un lugar para vivir es la preocupación de Narcisa Andrade. Ella teme que no se cumplan las promesas. “Hay tantos damnificados en la provincia que todavía no reciben ayuda”.
Ayer, antes de trasladarse al albergue, ella lamentaba haber invertido más de USD 14 000 en su vivienda. La construcción culminó en diciembre pasado. Junto con su esposo recogió la ropa, un colchón y unas ollas.
Decretan emergencia en Napo por inundaciones
Poco antes de las 13:00, el Presidente encargado de la República, Lenin Moreno, informó que firmó el decreto de emergencia para la provincia de Napo.
El vicepresidente informó que esto ayudará a canalizar recursos para la reconstrucción de los barrios destruidos por la crecida de los ríos Misahuallí, Tena y Napo.
También, indicó que se entregarán cuatro toneladas de alimentos, vituallas y medicinas en las zonas afectadas.
“Los aviones están saliendo con la ayuda”, señaló, según declaraciones reproducidas por el diario electrónico El Ciudadano.
Hasta el momento, en esta provincia, las lluvias dejaron dos muertos, 1 021 familias afectadas y 143 viviendas destruidas, informaron las autoridades.
Mientras tanto, el drama en la ciudad de Tena, continúa.
En la parroquia Ahuano, donde hay 3 000 personas afectadas, el río Napo destruyó aproximadamente 2 500 hectáreas de cultivos de plátano, yuca y cacao.
Sin embargo, la ayuda llega todavía de forma lenta a Tena.
El cuerpo del shuar Bosco Wisuma fue exhumado esta mañana en Macas
Hoy se cumplió la diligencia de exhumación del cuerpo del indígena shuar Bosco Wisuma, quien falleció en las protestas del pasado 29 de septiembre en Macas, Morona Santiago. En ese entonces los shuar se tomaron las carreteras y dejaron incomunicada a esa ciudad y a casi toda la provincia.
Alrededor de las 09:00 de hoy se inició este proceso. Estuvieron presentes en esta diligencia miembros de la Fiscalía de Morona Santiago, la Comisión de la Verdad, los familiares del indígena muerto. También los representantes de la Federación Shuar y de la Policía.
Según el presidente de la Federación Shuar, José Acachu, con esto se espera determinar las causas de la muerte de Wisuma. “La primera autopsia nos dejó interrogantes. Ahora esperamos que todo quede claro y no haya dudas”.
Por ahora el cuerpo se lo mantiene en la morgue del Hospital de Macas. Y según Acachu, se les notificó que esta nueva investigación podría tomar de 48 a 72 horas. Es decir, que esperan tener los nuevos resultados el sábado o el domingo.
Esta diligencia se la realizó por pedido de los familiares de Wisuma y de las comisiones de la Verdad y de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional.
El deceso del indígena ocurrió cuando un contingente policial intentó despejar a los manifestantes shuar que se tomaron el puente sobre el río Upano, en Macas. Esa muerte aumentó la tensión entre el Gobierno y el movimiento indígena.
El Tribunal Penal de Sucumbíos anuló provisionalmente el juicio contra Santos
Tres jueces se pronunciaron ayer en el caso Angostura. El Tribunal Penal de Sucumbíos declaró la nulidad provisional del juicio que se seguía en contra del ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, y otros tres jefes de las FF.AA. de ese país, porque no fueron notificados para intervenir.
La tarde de ayer, los jueces Juan Núñez, Marco Yaguachi y Nicolás Zambrano (presidente), miembros del Tribunal, dieron paso a la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía de Sucumbíos. La petición fue presentada tras el fallo del juez tercero de lo Penal, Francisco Revelo, quien sobreseyó a los cuatro extranjeros imputados.
Santos; el jefe de FF.AA., Freddy Padilla; el jefe de la Policía, Óscar Naranjo, y el ex jefe del Ejército, Mario Montoya, estaban imputados por presunto asesinato, como autores de la Operación Fénix, que el 1 de marzo del 2008 abatió al líder de las FARC, Raúl Reyes, y a otras 25 personas, entre ellas un ecuatoriano, en Angostura.
El fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, acusó a los cuatro funcionarios de Colombia. Pero el Tribunal anuló el juicio; estimó que no tuvieron derecho a la defensa. Por esa razón, la causa deberá regresar a la etapa de instrucción fiscal.
La Corte ratificó su fallo sobre peculado
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó anteayer su resolución del 24 de febrero. Lo hizo para responder al requerimiento hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Este había solicitado a los jueces la revocatoria de dicha resolución. En ella, el Pleno del máximo Tribunal dispuso que para el inicio de una instrucción fiscal por peculado o enriquecimiento ilícito, a funcionarios del Estado, se requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado, en el que se determinen indicios de responsabilidad penal.
Los jueces también señalaron que si bien la indagación previa no requiere de dicho informe, se deberá contar con la auditoría de la Contraloría para ir a la etapa de instrucción fiscal (posterior a la indagación previa de la Fiscalía).
Cordero señaló en la misiva enviada a la Corte que la prejudicialidad en materia penal debe estar expresamente señalada en la Ley, por lo que el Pleno de la Corte no tiene la facultad para, mediante resolución, establecer la obligatoriedad del informe del Contralor para la acción penal.
En la carta del presidente de la Asamblea, que también fue firmada por la asambleísta María Paula Romo, como presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura, se señala que la Constitución delega a la Fiscalía la dirección de oficio de la investigación penal.
La Corte ratificó su resolución y dijo a la Asamblea que esta rige desde el 10 de marzo.
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